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SOCIO DIRECTOR QUIROGA Y ASOCIADOS ABOGADOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MOROSIDAD ASSET

gquiroga@quirogayasociados.es

En el mes de junio de 2017 se inició la tramitación de la PROPOSICIÓN DE LEY DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y cuya intención era modificar la Ley de medidas de Lucha contra la Morosidad 15/2010 (que a su vez modificó la Ley 3/2004) y dotarla de un régimen sancionador que permita castigar a quienes se retrasen en los plazos de pago previstos por la Ley.

El texto inicial de esta Proposición de Ley que fue tramitado en el Congreso de los Diputados consistía en un texto muy extenso y prolijo que contemplaba:
a) Sustituir íntegramente la redacción de la Ley 3/2004 (modificada por Ley 15/2010) de medidas de lucha contra la morosidad, que sería derogada y sustituida por el articulado previsto en esta Proposición de Ley. Es decir, cambiar íntegramente la Ley existente.
b) Implantar un sistema sancionador de los incumplimientos de los plazos de pago imperativamente impuestos por la Ley de Morosidad.
c) Establecer un sistema de mediación para que las partes se sometiesen al mismo a la hora de resolver cuestiones relativas al incumplimiento de los plazos de pago en operaciones comerciales, así como los órganos encargados de dirimir estas
mediaciones e imponer las sanciones previstas en este nuevo régimen sancionador.
d) La creación de unos organismos encargados de controlar el cumplimiento de los plazos de pago e imponer sanciones, órganos en los que se preveía que junto a la administración pública adoptasen un papel protagonista las asociaciones de
pequeñas empresas y de autónomos que han promovido esta iniciativa legislativa.
e) La derogación del artículo 17 de la Ley de Comercio Minorista, y con ello el régimen de plazos de pago que se concede a los artículos denominados de baja rotación.

Con todo ello, nos enfrentábamos a una nueva regulación de las medidas de lucha contra la morosidad que, entre otras cosas, establecía un régimen sancionador demasiado duro y desigual o discriminatorio para las grandes empresas frente a las pymes y autónomos, que son quienes han promovido este régimen sancionador.
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